La transición hacia una Cuba democrática exigirá decisiones trascendentales sobre el modelo de Estado, la organización del poder y el marco jurídico que regirá la nueva República. Entre las propuestas más reiteradas por el exilio político cubano se encuentra la reinstauración de la Constitución de 1940. Este documento histórico, símbolo de una república rota por el totalitarismo, posee una carga emocional innegable, pero ¿resulta realmente funcional y adecuada en el contexto del siglo XXI? A continuación, se analiza su viabilidad desde tres dimensiones fundamentales: la económica, la política y la social.
Desde el punto de vista económico, la Constitución de 1940 presenta obstáculos considerables. En primer lugar, establece una estructura de derechos laborales y sociales avanzada para su época, incluyendo el seguro de desempleo, la jubilación universal, el derecho a la vivienda, la jornada laboral de ocho horas, y la regulación de expropiaciones. No obstante, el contexto actual de la economía cubana, sin base fiscal funcional ni infraestructura productiva estable, hace inviable la aplicación de estos derechos sin incurrir en un populismo insostenible.
Además, aunque reconoce la propiedad privada, lo hace bajo condiciones tan restrictivas que desincentivan la inversión tanto nacional como extranjera. La rigidez institucional, propia de su contexto histórico, no responde a las dinámicas de una economía de mercado moderna. A ello se suma la ausencia de previsiones para fenómenos contemporáneos como la economía digital, las criptomonedas, el comercio electrónico o la libre movilidad de capitales. En consecuencia, desde una perspectiva económica, la Constitución de 1940 requiere una reformulación profunda para resultar útil en una etapa de reconstrucción nacional.
En el ámbito político, la Constitución ofrece elementos valiosos que podrían servir como base estructural para una nueva República. Establece con claridad la separación de poderes, el sufragio universal, el multipartidismo y la organización de elecciones libres, todos compatibles con un proceso de transición democrática. Asimismo, reconoce derechos fundamentales y una institucionalidad judicial avanzada para su tiempo.
Sin embargo, el texto carece de mecanismos contemporáneos imprescindibles, como el defensor del pueblo, tribunales constitucionales o un sistema efectivo de control civil sobre las fuerzas armadas. Tampoco contempla el uso de herramientas tecnológicas que hoy redefinen la gobernanza y la participación ciudadana. Así, políticamente, la Constitución de 1940 puede servir como referente filosófico o base moral, pero resulta insuficiente como marco jurídico operativo sin una actualización profunda.
Desde el punto de vista social, la Constitución tiene un poder simbólico indiscutible. Para millones de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, representa la Cuba que pudo ser antes de la imposición del régimen totalitario. Reinstaurarla como gesto de continuidad histórica podría fortalecer la legitimidad de una transición democrática.
Sin embargo, la sociedad cubana actual enfrenta retos y aspiraciones muy distintos a los de 1940. Temas como los derechos LGBTIQ+, la libertad digital, la privacidad tecnológica, los derechos ambientales y la protección de minorías no están recogidos en el texto original. La juventud cubana y la ciudadanía en general requieren un marco normativo que refleje sus preocupaciones presentes, no únicamente los valores del pasado. En consecuencia, aunque puede unir emocionalmente, la Constitución de 1940 no está preparada para gobernar una sociedad contemporánea sin una modernización significativa.
A la luz de lo anterior, reinstaurar la Constitución de 1940 en su forma original sería un error técnico, aunque representaría un acto simbólico poderoso. Lo ideal sería convocar una Asamblea Constituyente que se inspire en los principios fundamentales del texto de 1940, pero que produzca una nueva constitución adaptada a las necesidades y retos del siglo XXI. Este proceso podría estructurarse en cuatro etapas: una restauración inmediata de los derechos fundamentales mediante un marco legal provisional, seguida por la creación de una Comisión Nacional de Reforma Constitucional, luego elecciones para una Asamblea Constituyente, y finalmente, la promulgación de una nueva Carta Magna.
En este contexto, cobra especial relevancia la propuesta del Pacto Social Postmoderno planteada por el jurista Faisel Iglesias. Esta iniciativa propone superar el modelo clásico del contrato social, que delega soberanía en estructuras rígidas como parlamentos o partidos, y sustituirlo por una estructura dinámica, horizontal y deliberativa, en la que el ciudadano sea la primera y última fuente de poder. Bajo este modelo, las decisiones se toman colectivamente y las instituciones son reconfigurables según la voluntad popular.
La implementación de este pacto resultaría especialmente oportuna en una Cuba postdictadura. Políticamente, permitiría romper con el verticalismo institucional heredado del castrismo y evitar la conformación de nuevas élites dominantes. Socialmente, reactivaría el tejido cívico desde lo local y comunitario, además de empoderar a la diáspora cubana como parte activa de la nación. Económicamente, sentaría las bases para un modelo mixto que combine emprendimiento, equidad y participación popular.
No obstante, el modelo postmoderno enfrenta desafíos significativos. La ciudadanía cubana lleva más de seis décadas sin ejercer sus derechos cívicos de forma plena, lo que exige una inversión considerable en educación democrática. También será necesario desarrollar infraestructura tecnológica que permita la participación constante, establecer mecanismos de transición negociada frente a las resistencias de élites políticas y evitar la fragmentación institucional mediante órganos coordinadores con supervisión ciudadana.
En conclusión, el Pacto Social Postmoderno no solo es viable: es urgente. Representa una oportunidad inédita para que el pueblo cubano funde una República verdaderamente ciudadana, basada en la deliberación continua, el control cívico y la soberanía popular efectiva. No se trata simplemente de retornar al pasado glorioso de 1940. Se trata de construir un futuro digno, desde el ciudadano, para el ciudadano, en una Cuba libre y democrática.
